Mientras se suspende la Ley de Discapacidad por falta de fondos, el gobierno de Milei elimina retenciones a los grandes exportadores. El discurso de la austeridad esconde un ajuste selectivo y una reasignación perversa de la riqueza.
El relato del “no hay plata” ha sido la bandera del gobierno de Javier Milei. Un discurso que ha justificado recortes drásticos en áreas como la obra pública, la educación y la asistencia social. Sin embargo, este relato de austeridad se desmorona ante los hechos. La suspensión de la Ley de Discapacidad, con el argumento de la falta de presupuesto, no es un simple error de cálculo; es un reflejo de las verdaderas prioridades de esta administración.
La ley, que busca garantizar la inclusión de personas con discapacidad, tiene un costo estimado en menos del 0.5% del PBI. Es un gasto perfectamente asumible para un Estado que dice querer ordenar sus cuentas. Pero en lugar de financiarla, el gobierno optó por una maniobra política cínica: condicionar su aplicación a que la oposición consiga los fondos, tomando a los más vulnerables como rehenes de una disputa partidaria.
Esta manipulación se vuelve aún más evidente cuando observamos la otra cara de la moneda.
El “plan platita” de los poderosos
Al mismo tiempo que se niegan los fondos para una política social, el gobierno avanza con medidas que significan una pérdida de recaudación mucho mayor:
- Eliminación de retenciones al agro, que reduce los ingresos del Estado en miles de millones de dólares.
- Beneficios impositivos a sectores como la minería y las grandes empresas.
- Rebajas de impuestos a los altos ingresos y a los sectores financieros.
Esto no es austeridad. Es una reasignación de la riqueza. El gobierno le dice a la sociedad que no hay plata para los derechos básicos, mientras genera un “plan platita” para los sectores más concentrados de la economía. El relato de la motosierra es solo una cortina de humo para proteger a los privilegiados y cargar el peso del ajuste sobre los sectores más vulnerables de la sociedad.
El costo real de una decisión cruel
La decisión de Milei es más que una política económica; es una declaración ideológica. Muestra un modelo de país donde el crecimiento no se construye con inclusión, sino con el desamparo de los más débiles.
El costo real de este accionar no se mide en números de déficit o superávit. El verdadero precio es un retroceso moral y social. Es el abandono de la solidaridad como principio rector y la aceptación de la desigualdad como un pilar fundamental del modelo de país. Un modelo que deja a la vista que, para este gobierno, la libertad es un privilegio, no un derecho.
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