Minería en Mendoza: Análisis del nuevo megaproyecto de cobre tras 15 años de espera
Finalmente ocurrió. Tras 15 años de parálisis, debates circulares y una tensión social latente, la política mendocina rompió el sello: se habilitó el megaproyecto de cobre que promete cambiar la matriz productiva de la provincia. Los titulares celebran el fin de la “sequía minera”. Se habla de miles de millones en inversión, de la demanda global de la transición energética y de una Mendoza que “se despierta”.
Sin embargo, evitar la autodestrucción no es un problema técnico que se resuelva con una votación legislativa. Es un dilema civilizatorio. Y mientras la política celebra el hito, la pregunta de fondo sigue intacta: ¿Han cambiado las condiciones de control institucional en estos 15 años, o solo ha cambiado la urgencia por conseguir dólares?
El saqueo no es desarrollo
El verdadero dilema no es si la Argentina (y Mendoza) necesita divisas. Las necesita desesperadamente. El dilema es si puede buscarlas bajo una lógica de extracción que perfora los límites ecológicos y erosiona la legitimidad institucional. Administrar mejor el saqueo no es desarrollo. Es postergar el conflicto.
La Economía del Dónut ofrece una clave incómoda para leer esta noticia.
El desarrollo solo es sostenible cuando ocurre dentro de un “espacio seguro y justo”: garantiza una base social mínima sin sobrepasar el techo ecológico. Todo lo que quede fuera de ese anillo no es progreso; es riesgo sistémico. La aprobación de este megaproyecto nos mueve peligrosamente cerca de ese borde si no se explicita cuál es el límite.
La trampa de la eficiencia
Aquí es donde fallan las promesas que acompañaron el anuncio. Se nos dice que el proyecto es “moderno”, que la tecnología ha avanzado en esta década y media. Pero la historia económica tiene memoria. La Paradoja de Jevons lo explica con crudeza: cuando un recurso se vuelve más eficiente de usar, su consumo total suele aumentar.
En minería, esto es matemático: aun si cada tonelada de cobre extraída usa menos agua que hace 15 años, la escala del “megaproyecto” aprobado amenaza con absorber cualquier ahorro. La tecnología, sin un marco ético y político de contención, se convierte en una coartada verde.
15 años después: ¿Qué aprendimos de la 7722?
Mendoza lleva una década y media discutiendo esto. La vigencia de la Ley 7722 no fue un capricho irracional que “demoró” el progreso; fue un anticuerpo social frente a la desconfianza. La sociedad mendocina no discutía solo métodos químicos; discutía sentidos de vida en un desierto. La ley operó como una política de suficiencia ecológica: estableció hasta dónde se podía llegar.
Hoy, la habilitación del proyecto sugiere que la política ha encontrado una vía para avanzar. El riesgo es creer que la aprobación legal equivale a la licencia social. El problema de fondo nunca fue la minería en abstracto, sino la credibilidad del Estado para controlar. ¿Es el Departamento General de Irrigación hoy más robusto que en 2019? ¿Tiene la Policía Minera más presupuesto y autonomía? Si la respuesta es dudosa, el “hito” es un gigante con pies de barro.
El recurso más escaso: la confianza
Celebrar el fin de los “15 años de discusión” sin haber resuelto la crisis de confianza es confundir el corto plazo con el futuro. Medir el éxito solo en términos de exportaciones o regalías es ignorar el costo silencioso: la paz social y la integridad de las cuencas.
La discusión que se reabre hoy en Mendoza no es “minería sí o no” (eso ya se votó). La discusión es más incómoda: ahora que el proyecto está aprobado, ¿quién garantiza que el techo ecológico no se nos caiga encima?
Mendoza dejó una lección en el pasado y hoy inicia un nuevo examen. El equilibrio no es técnico. Es político. Todo lo demás es crecimiento. Y crecer, sin límites, también es una forma de caer.