la urgencia
América Latina 2025–2027 · La administración de la impotencia · Serie editorial en tres piezas · Basada en el Informe PNUD 2026 · Perspectivas FMI-CEPAL 2026–2027
Si la política es el arte de lo posible, la economía latinoamericana de este ciclo es la ciencia de lo insostenible.
Los Estados de la región cargan con la mayor demanda de reconstrucción institucional de su historia reciente, pero deben financiarla con las cuentas públicas más comprometidas de los últimos quince años. Las proyecciones del FMI no dejan margen para la épica: México crece un 1,5% en 2026, Brasil no supera el 2%. Con esas tasas no se genera el empleo formal que vaciaría las filas del crimen organizado, ni se recauda lo suficiente para que el Estado recupere la licitación que describíamos en el artículo anterior. A esto se suma el peaje de la deuda externa: en un mundo de tasas altas, el servicio de la deuda consume el oxígeno presupuestario antes de que el dinero llegue a la calle.
La trampa fiscal está cerrada. Los gobiernos latinoamericanos están condenados a prometer lo que matemáticamente no pueden financiar.
El populismo de la urgencia no es una desviación ideológica; es el resultado de una aritmética política donde el largo plazo es un lujo inalcanzable.
La ilusión del atajo
Cuando no hay recursos para una reforma policial de fondo, se compran patrulleros para la foto o se decreta un estado de excepción. Cuando no hay margen para política habitacional, se distribuyen subsidios con nombre y apellido en año electoral. Cuando la justicia local tarda una década, se improvisan tribunales especiales. Esta es la mecánica del populismo de la urgencia: no es una patología ideológica sino una respuesta racional a una ecuación sin solución.
No importa si el gobierno de turno se autopercibe de izquierda o de derecha. Cuando la caja está vacía y la amenaza del voto de castigo se acerca —el síndrome de Adán que describimos en el primer artículo opera también sobre el tiempo, no solo sobre el cambio de gobierno— la política abandona el programa y se abraza al efectismo. Se legisla para la próxima semana porque nadie tiene presupuesto para el próximo año.
El resultado es un Estado permanentemente en modo reactivo. Y un Estado reactivo no puede planificar. Y un Estado que no puede planificar no puede construir las capacidades que necesita para recuperar el terreno que está perdiendo.
La balanza que no cierra
Hay una paradoja fiscal en el corazón de este diagnóstico que merece ser dicha sin eufemismos.
El Estado que necesita reconstruirse es un Estado caro: presencia territorial, justicia local, infraestructura básica, empleo formal que compita con la economía ilícita. Todo eso requiere recaudación sostenida, deuda manejable y tiempo. Sin embargo, la región opera sobre economías donde la informalidad —alimentada en parte por las mismas redes del crimen organizado que analizamos en la Pieza 2— erosiona sistemáticamente la base tributaria. El crimen organizado recauda. El Estado formal, cada vez menos.
La CEPAL lleva años advirtiendo que la salida requiere innovación estatal: nuevas formas de financiamiento, coaliciones fiscales amplias, acuerdos de largo plazo que sobrevivan los cambios de gobierno. El diagnóstico es correcto. El problema es que innovar requiere exactamente lo que el populismo de la urgencia destruye: tiempo, capital político y la disposición a pagar costos hoy para ver resultados en cinco años.
Nadie en campaña vende eso. Nadie en ejercicio del poder puede permitírselo cuando el voto de castigo espera a la vuelta de la esquina.
La administración de la impotencia
El ciclo de esta trampa es cerrado. Tenemos una ciudadanía que usa el voto exclusivamente como arma de castigo, un territorio físico y virtual donde el Estado ya no es el único —ni el mejor— proveedor de certezas, y una caja pública asfixiada que solo permite gobernar de a una semana por vez.
Los organismos multilaterales seguirán publicando hojas de ruta impecables. Seguirán exigiendo nuevos pactos fiscales, clamando por coaliciones amplias y redactando manuales sobre resiliencia institucional. Pero la política real de la región seguirá operando en el barro de la urgencia, atrapada entre demandas del siglo XXI y presupuestos raquíticos.
La pregunta definitiva para América Latina en este ciclo 2025-2027 no es, como sugieren los informes, cómo mejorar la calidad de nuestras instituciones o cómo innovar en la gestión pública. La pregunta, mucho más brutal y silenciosa, es otra.
Es cuánto tiempo más puede sobrevivir un sistema político que se ha vuelto especialista en organizar elecciones solo para administrar la impotencia.