El populismo se manifiesta en distintas vertientes ideológicas, pero comparte rasgos como un liderazgo carismático, la crítica a las élites y la apelación directa al “pueblo” por encima de la institucionalidad establecida. En Argentina, el kirchnerismo –una variante populista de izquierda surgida en 2003 bajo Néstor Kirchner y continuada por Cristina Fernández de Kirchner– y el fenómeno más reciente de Javier Milei –referente del populismo de derecha libertario– ofrecen dos modelos contrastantes de populismo. Este informe analiza cómo cada uno se ha relacionado con las instituciones democráticas de la República, enfocando en elementos clave: la relación (de respeto o tensión) con los poderes Legislativo y Judicial, el vínculo con los medios de comunicación, el recurso a decretos y legislación extraordinaria, la apelación directa al pueblo y la retórica anti-élite. Se comparará el impacto de ambos modelos en la calidad democrática, la autonomía de los organismos republicanos y la estabilidad institucional de Argentina. Para ello se incorporan referencias académicas, análisis periodísticos y declaraciones públicas de sus principales líderes, estructurando la discusión en secciones temáticas con claridad analítica.
Kirchnerismo: Populismo de Izquierda y las Instituciones Democráticas
El kirchnerismo, identificado como un movimiento de centroizquierda peronista, gobernó Argentina desde 2003 hasta 2015 (primero con Néstor Kirchner y luego Cristina Fernández). Desde sus inicios, este proyecto combinó políticas de inclusión social con un estilo confrontativo hacia ciertos poderes establecidos. A continuación, se examina cómo este populismo de izquierda interactuó con los distintos pilares institucionales.
Relación con el Poder Legislativo y Uso de Decretos
Con un fuerte respaldo electoral y apoyado en la estructura del Partido Justicialista, el kirchnerismo logró mayorías legislativas que le facilitaron la aprobación de su agenda. Sin embargo, a pesar de controlar el Congreso, los gobiernos de Kirchner recurrieron frecuentemente a decretos de necesidad y urgencia (DNU), una herramienta constitucional pensada para situaciones excepcionales. Néstor Kirchner fue “el Presidente que desde el retorno de la democracia más DNU dictó por año de mandato”, utilizando estos decretos para legislar sin debate ni intervención del Congreso en una amplia gama de materias . Entre 2003 y 2006 firmó 176 DNU, de los cuales menos del 15% respondían efectivamente a circunstancias de “necesidad y urgencia” tal como exige la Constitución . Estas normas abarcaron desde decisiones trascendentales (reestatizar empresas, modificar el presupuesto, usar reservas del Banco Central para pagar deuda al FMI, prorrogar licencias de medios audiovisuales) hasta disposiciones menores (cambiar feriados o nombres de ministerios) . El uso extendido de DNU –instrumentos que otorgan al Ejecutivo facultades legislativas excepcionales– fue criticado por la oposición y juristas, quienes advirtieron que muchos debieron ser debatidos en el Parlamento . En 2006, el oficialismo impulsó incluso una ley (autora Cristina Fernández, entonces senadora) para reglamentar el control legislativo de los DNU que, según la oposición, debilitó los controles republicanos al no fijar plazos para su aprobación o rechazo, permitiendo que un decreto “mientras tanto, será válido” de forma indefinida . Esta tendencia a gobernar por decreto refleja una concepción delegativa del poder: aun disponiendo de mayoría parlamentaria, el líder populista prefiere la rapidez de la decisión unipersonal por encima del deliberación plural.
En cuanto a la labor legislativa ordinaria, el kirchnerismo no dudó en reformar las reglas del juego institucional para reforzar su posición. Un ejemplo fue la reforma de 2006 al Consejo de la Magistratura (órgano encargado de seleccionar y sancionar jueces). Con mayoría oficialista, el Congreso redujo los miembros del Consejo de 20 a 13, eliminando representantes de jueces, abogados, académicos y de partidos minoritarios con el argumento de hacerlo “menos burocrático” . Esta ley –impulsada por Cristina Fernández– garantizó que el estamento político dominara el Consejo, otorgando al oficialismo de turno poder de veto sobre designación y remoción de jueces (ningún juez podría ser nombrado o removido sin al menos un voto favorable del gobierno) . La oposición (UCR) denunció en su momento una “vocación hegemónica” detrás de esta movida, percibiéndola como un intento de cooptar al Poder Judicial. Incluso el expresidente radical Raúl Alfonsín acusó a Néstor Kirchner de ser “un populista que acumula poder como venga” . Años más tarde, en 2021, la Corte Suprema declaró inconstitucional aquella reforma por romper el equilibrio que la Constitución exige entre los distintos estamentos en el Consejo , confirmando las sospechas de que la maniobra kirchnerista había politizado en exceso un organismo clave. Este episodio ilustra la tensión entre el proyecto populista kirchnerista y la autonomía del poder legislativo: cuando las instituciones o leyes existentes no acomodaban sus fines, el oficialismo las cambiaba aprovechando su mayoría, disminuyendo los contrapesos.
Relación con el Poder Judicial
El kirchnerismo mantuvo una relación ambivalente y a ratos tensa con el Poder Judicial. Por un lado, Néstor Kirchner en 2003 impulsó una renovación de la desprestigiada Corte Suprema heredada del menemismo, designando nuevos magistrados de reconocida trayectoria, lo que inicialmente fortaleció la calidad institucional. Sin embargo, a medida que el proyecto avanzó, la retórica oficial comenzó a señalar a ciertos jueces y tribunales como obstáculos políticos. El kirchnerismo frecuentemente presentó al Poder Judicial (junto con otras instituciones autónomas) como parte de los “poderes fácticos” que impedían realizar plenamente su proyecto . En palabras del politólogo Enrique Peruzzotti, el estilo populista presidencial tiende a establecer un vínculo plebiscitario con el pueblo “de espaldas a las instituciones de mediación política”, viendo al Parlamento, los partidos y la Justicia más como trabas que como contrapesos legítimos . En efecto, “el kirchnerismo presentaba a los medios de comunicación, al Poder Judicial, a las instituciones financieras, al Parlamento como obstáculos” para su voluntad política . Esto derivó en choques directos con la Justicia cuando ésta fallaba contra los designios del Ejecutivo.
Un ejemplo fue la ya mencionada reforma del Consejo de la Magistratura en 2006, que generó duras críticas sobre la intromisión del Ejecutivo en la Justicia. Más adelante, durante el gobierno de Cristina Fernández (2007-2015), se vivieron otros episodios de tensión, como el intento de “democratización de la Justicia” en 2013 –un paquete de leyes que, entre otras cosas, proponía elegir por voto popular a los consejeros de la Magistratura y limitar las medidas cautelares contra el Estado. Aquella iniciativa fue resistida por amplios sectores judiciales y de la oposición, y finalmente sus partes centrales fueron declaradas inconstitucionales por la Corte al violar la división de poderes. Lejos de amainar, el discurso oficial redobló la confrontación: la Presidenta acusó a ciertos jueces de responder a intereses corporativos y no al pueblo. En un acto público, Cristina Fernández reclamó “que la independencia [de la Justicia] no sea sólo del poder político, sino de las corporaciones (…) Cuando a algunos les fallan los fierros mediáticos, intentan construir fierros judiciales para tumbar a un gobierno” . Esta frase –equiparando la acción judicial adversa con un intento ilegítimo de derrocar al Ejecutivo– evidencia la desconfianza del kirchnerismo hacia la imparcialidad judicial, y su convicción de que detrás de ciertos fallos había conspiración de élites económicas o mediáticas (“corporaciones”) contra la voluntad popular encarnada en el gobierno. En la visión kirchnerista, la Justicia debía “modernizarse” o “democratizarse” para alinearse con los intereses populares; cuando actuaba como poder contramayoritario, rápidamente era tachada de corporativa y antidemocrática.
Con todo, el kirchnerismo no llegó a quebrar abiertamente la institucionalidad judicial –no intentó, por ejemplo, destituir jueces de la Corte por decretos–, pero sí minó su autonomía mediante presiones políticas e influencias informales. Hubo denuncias de persecución a jueces independientes (por vía del Consejo de la Magistratura dominado por el oficialismo) y de uso político del aparato judicial contra opositores o ex aliados. A su vez, tras dejar el poder, Cristina Fernández se vio envuelta en múltiples causas judiciales por corrupción, frente a las cuales argumentó ser víctima de “lawfare” (uso político del Poder Judicial por sus enemigos). Este enconado enfrentamiento posterior ilustra cómo el legado fue una Judicatura polarizada y en parte colonizada por afinidades político-partidarias, algo que socava su credibilidad y funcionamiento republicano.
Relación con los Medios de Comunicación
Los medios de comunicación fueron otro frente de batalla central para el kirchnerismo. Inicialmente aliado con grandes grupos mediáticos, el gobierno de Néstor Kirchner pronto entró en conflicto con el Grupo Clarín –el mayor holding de medios del país– especialmente a partir de 2008, tras la crisis por las retenciones al campo. El discurso kirchnerista comenzó a denunciar a ciertos medios como parte de una “corpo mediática” (corporación mediática) que defendía privilegios y atacaba al gobierno mediante campañas de desinformación. En 2009, Cristina Fernández impulsó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (conocida como “Ley de Medios”), con el declarado objetivo de promover la pluralidad informativa y limitar la concentración de licencias. Si bien la ley tenía aspectos elogiados por organismos internacionales por fomentar la diversidad, su implementación selectiva despertó sospechas de represalia contra medios críticos. El Grupo Clarín, principal afectado por los topes a la concentración (debía desprenderse de numerosas licencias de TV por cable y radio), litigó en la Justicia contra la ley . El gobierno, a su vez, convirtió el cumplimiento de la ley en una causa emblemática. Hubo un famoso “7D” (7 de diciembre de 2012) señalado como plazo para que Clarín se adecuase; al ser prorrogada judicialmente la medida cautelar que protegía al grupo, el oficialismo organizó manifestaciones donde militantes lanzaron consignas contra el Poder Judicial por frenar la aplicación de la ley . En ese acto, la Presidenta volvió a la carga: “Es necesario que la independencia de la Justicia no sea sólo del poder político, sino de las corporaciones… Cuando a algunos les fallan los fierros mediáticos, intentan construir fierros judiciales para tumbar a un gobierno” , incorporando a los “medios hegemónicos” y a ciertos jueces en una misma trama conspirativa anti-popular.
Más allá de la Ley de Medios, la administración kirchnerista fue acusada de prácticas de “censura indirecta”. Según informes internacionales, el gobierno utilizó la distribución de la pauta publicitaria oficial para premiar a medios amigos y asfixiar a los críticos . También fomentó o financió medios estatales y paraestatales con línea editorial pro-gobierno, mientras dirigentes oficialistas denostaban públicamente a periodistas disidentes, etiquetándolos de “operadores” del establishment. En 2012, el Departamento de Estado de EE.UU. destacó su preocupación por la libertad de prensa en Argentina, señalando una relación “conflictiva” entre el gobierno de Cristina Kirchner y los medios, con “tendencias a promover una censura indirecta” . Organizaciones como la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa) y el Instituto Internacional de Prensa denunciaron presiones gubernamentales, una acusación que el gobierno rechazó alegando que, en realidad, estaba democratizando voces y que los grandes medios defendían sus privilegios.
En síntesis, el kirchnerismo convirtió a la prensa en adversario político cuando sintió que ésta no respondía a su relato. Esta confrontación abierta (a veces llamada la “guerra contra Clarín”) tuvo como consecuencia una sociedad profundamente polarizada también en términos mediáticos: de un lado, medios oficialistas o simpatizantes; del otro, medios opositores atacados como parte de la “élite”. La pluralidad informativa formal quizás aumentó por la aparición de nuevos medios alineados con el gobierno y la aplicación (parcial) de la Ley de Medios, pero la libertad de expresión enfrentó riesgos por la intolerancia oficial a la crítica y la descalificación constante al periodismo independiente.
Apelación Directa al Pueblo y Retórica Anti-élite
Como buen régimen populista, el kirchnerismo cultivó un vínculo directo y emotivo con “el pueblo” que a menudo menospreció a los canales institucionales intermedios. Néstor Kirchner desplegaba un estilo personal de contacto cotidiano: recorridas constantes por localidades, actos multitudinarios, cercanía física con la gente; una sociología lo describió como una “cosecha diaria de poderes simbólicos” donde el líder reafirma su legitimidad en el contacto directo transmitido por TV y diarios . La teoría populista de Ernesto Laclau (ideólogo cercano al kirchnerismo) exaltaba justamente esa construcción de un “pueblo” políticamente movilizado en torno a un liderazgo carismático que encarna sus demandas. En la práctica, Cristina Fernández continuó esa línea mediante frecuentes discursos en cadena nacional (obligando a todos los medios a transmitirlos), donde hablaba directamente “a todos los argentinos” sin intermediarios. Entre elección y elección, el Ejecutivo buscaba mantener vivo un plebiscito permanente de la opinión pública favorable a su proyecto. La contracara, como advierte Sarlo, es una ciudadanía “adormecida entre cada elección” por una política plebiscitaria que desalienta la deliberación institucional . En lugar del debate parlamentario o el diálogo con la oposición, el liderazgo kirchnerista tendió a legitimar sus decisiones invocando el mandato popular directo obtenido en las urnas y el apoyo fervoroso de sus bases en la calle.
Esta dinámica vino acompañada de una fuerte retórica anti-élite. El kirchnerismo construyó un eje amigo-enemigo donde el enemigo eran las “corporaciones” privilegiadas del antiguo orden neoliberal: los grandes grupos económicos, el FMI, los bancos internacionales, la vieja clase política ligada al menemismo, los medios concentrados, e incluso sectores del agro exportador. A todos ellos se les adjudicó ser una “oligarquía” egoísta opuesta al bienestar del pueblo. En 2008, durante el conflicto por la resolución 125 (retenciones móviles al campo), Cristina Kirchner fustigó a los dirigentes rurales y sus aliados mediáticos, acusándolos de conspirar contra la voluntad popular y dijo “no van a torcernos el brazo”. En 2010, ante críticas de la prensa, llegó a ironizar: “Yo no les tengo miedo, pueden decir lo que quieran de mí, total Clarín miente”, instalando la famosa consigna contra el multimedios opositor. Esta retórica reivindicaba al gobierno como único portavoz legítimo del pueblo, descalificando a cualquier actor intermedio crítico como parte de “la anti-patria” o de una élite egoísta.
Cabe destacar que, a diferencia del populismo de derecha, el populismo kirchnerista no se manifestó contra las minorías vulnerables ni contra movimientos sociales progresistas –por el contrario, se presentó como inclusivo de los marginados (amplió derechos sociales, jubilaciones, asignaciones universales, matrimonio igualitario, etc.). Su anti-elitismo estaba dirigido principalmente contra las élites económicas, mediáticas y políticas tradicionales. Según la politóloga María Esperanza Casullo, el kirchnerismo se estructuró como “un proyecto de inclusión socioeconómica progresiva… acompañado por una aguda confrontación con los ‘poderes fácticos’”, es decir, con aquellos centros de poder que no provenían de la legitimidad electoral . En suma, amigo = pueblo humilde incorporado, enemigo = poderoso privilegiado (ya sea el CEO de Clarín, el magnate extranjero, el juez “corporativo” o el político neoliberal). Esta narrativa polarizante sirvió para cohesionar a la base kirchnerista pero a la vez degradó el espacio para consensos y desacuerdos institucionalizados, al sospechar de toda crítica como malintencionada o antipopular.
Impacto en la Calidad Democrática, Autonomía Institucional y Estabilidad
El legado del kirchnerismo en términos democráticos es objeto de debate. Por un lado, fortaleció la participación política (altos niveles de votación, movilización de juventudes militantes), amplió derechos sociales y mantuvo la regla de la competencia electoral –habiendo entregado el poder tras su derrota en 2015, lo que demuestra que no subvirtió el principio democrático básico. Sin embargo, varios analistas lo encuadran en lo que Guillermo O’Donnell denominó “democracia delegativa”, un estilo en el cual el presidente, una vez electo, concentra el poder y debilia los controles y equilibrios propios de una democracia liberal . La gobernabilidad kirchnerista descansó más en la lealtad personal y plebiscitaria que en instituciones fuertes. Esto trajo algunas consecuencias:
• **Calidad democrática:** Indicadores como la libertad de prensa y la independencia judicial sufrieron. Hacia 2012-2013, organismos internacionales observaban rasgos autoritarios e intolerantes en el estilo de gobierno kirchnerista . La pluralidad de voces existió pero muy polarizada; la oposición denunció hostigamiento estatal y desigualdad de condiciones (por ejemplo, cadenas nacionales abusivas con fines proselitistas). No obstante, Argentina bajo el kirchnerismo nunca dejó de ser formalmente un país “Libre” en índices de democracia, ubicándose más bien en la categoría de “democracia imperfecta” o “delegativa”.
• **Autonomía de organismos republicanos:** El Poder Judicial y otros entes de control vieron comprometida su independencia. Hubo cooptación de instituciones clave: se intervino el INDEC (instituto de estadísticas) alterando datos de inflación entre 2007-2015, se presionó al Banco Central (en 2010 CFK forzó la renuncia de un presidente del BCRA que resistía transferir reservas al Tesoro), se alinearon los órganos de control con militantes oficialistas. Si bien seguían existiendo contrapesos formales (Corte Suprema, Defensor del Pueblo, Poder Legislativo cuando el oficialismo perdió la mayoría en 2009-2011), el Ejecutivo kirchnerista tendió a sortearlos mediante la hiper-presidencia (decretos, superpoderes presupuestarios, etc.). Todo esto erosionó la autonomía de poderes y agencias estatales que en una república saludable deben mantenerse neutrales.
• **Estabilidad institucional:** Paradójicamente, a corto plazo el estilo concentrador aportó una cierta estabilidad –tras la crisis de 2001, los gobiernos Kirchner brindaron años de crecimiento económico y estabilidad política sin quiebres institucionales mayores ni interrupciones del orden democrático. Sin embargo, la polarización extrema y la personalización del poder generaron una fragilidad a largo plazo: la institucionalidad quedó atada a liderazgos individuales. Al salir Cristina Kirchner del poder, muchas instituciones (Justicia, medios públicos, administración) estaban fuertemente politizadas, teniendo que reconstruir credibilidad. Asimismo, los enfrentamientos con sectores como el campo, la Justicia, la prensa y la oposición plantaron semillas de inestabilidad futura, al debilitar la confianza en reglas compartidas. Por ejemplo, la transición 2015 hacia un gobierno de otro signo (Mauricio Macri) se dio en paz, pero con altos niveles de mutua desconfianza y con un Poder Judicial convertido en campo de batalla político (tanto que en años posteriores se habló de “grieta” judicial).
En resumen, el populismo kirchnerista mejoró la inclusión social y revitalizó la política de masas, pero a costa de estresar los equilibrios institucionales. Su legado combina logros democráticos (participación, derechos ampliados) con déficits en calidad institucional (menor división real de poderes, tolerancia limitada al disenso, alta confrontación con prensa y jueces). Argentina mantuvo su estabilidad constitucional durante esos años, pero la salud de su república acusó síntomas de desgaste.
Javier Milei: Populismo de Derecha y su Relación con las Instituciones Democráticas
Javier Milei irrumpió en la política argentina reciente con un discurso ferozmente anti-establishment, autodenominándose libertario de derecha. Tras capitalizar el hartazgo social con la clase política tradicional (“la casta”), Milei ganó la presidencia en 2023 con promesas de “revolución liberal”: achicar drásticamente el Estado, dolarizar la economía y erradicar el “socialismo”. Al llegar al poder (diciembre 2023), su gobierno –sin mayoría propia en el Congreso– ha exhibido rasgos típicos de populismo de derecha: confrontación constante con las instituciones que percibe como adversas a su mandato y una inclinación a concentrar poder en el Ejecutivo para imponer cambios de shock. A continuación analizamos la experiencia emergente del mileísmo en sus primeros meses/año de gobierno, en relación con los distintos poderes e instituciones democráticas.
Relación con el Poder Legislativo
Al asumir Milei la presidencia, su espacio político (La Libertad Avanza) era minoritario en el Congreso. Esto planteó un panorama diametralmente opuesto al del kirchnerismo: el populismo de derecha se encontró con un Legislativo no subordinado, obligándolo teóricamente a negociar. Sin embargo, fiel a su estilo confrontativo, Milei optó más por la presión y la bypass institucional que por el consenso. Para implementar su agresiva agenda económica, envió al Parlamento una Ley Ómnibus denominada “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”. Dicha iniciativa declaraba la emergencia pública y solicitaba delegación de facultades legislativas del Congreso al Poder Ejecutivo en numerosas materias . En su versión original, el proyecto otorgaba al Presidente poderes para dictar normas con fuerza de ley en 11 ámbitos (económico, financiero, fiscal, previsional, seguridad, defensa, tarifario, energético, sanitario, administrativo y social) por un plazo de 2 años prorrogables otros 2 a discreción del Ejecutivo . Esto equivalía a concederle “superpoderes” al estilo de un estado de excepción legalizado. Finalmente, tras intensas críticas, el Senado moderó la delegación a solo 4 materias (administrativa, económica, financiera y energética) y por 1 año . No obstante, la intención inicial reveló la postura de Milei: considerar al Congreso un obstáculo a sortear delegando en su figura la potestad de legislar. La Constitución argentina prohíbe la delegación legislativa salvo casos muy acotados de administración o emergencia, con bases y plazos definidos (art. 76 CN) . Aun así, Milei presionó para maximizar esas facultades delegadas, justificándolo en la gravedad de la crisis económica y la “lentitud” del proceso ordinario. Este hecho sin precedentes desde 1983 –pedir abiertamente al Congreso que ceda gran parte de su rol– marcó una tensión fundamental entre el Poder Ejecutivo de Milei y el rol del Legislativo.
En la práctica, varias de las reformas de Milei fueron “frenadas o modificadas por el Congreso”, mientras otras se judicializaron . Por ejemplo, la mencionada Ley Ómnibus no obtuvo la sanción completa en Diputados inicialmente, generando una derrota legislativa para el Presidente en mayo 2024 . ¿Qué hizo el líder libertario ante la negativa parlamentaria? En lugar de buscar compromisos, redobló la apuesta de confrontación directa. Su portavoz anunció que Milei “tiene la decisión tomada” de avanzar con las medidas de la ley caída “con las herramientas que la Constitución le permite” . Entre esas “herramientas”, Milei empezó a mencionar la posibilidad de convocar a un plebiscito nacional para aprobar sus reformas saltando al Congreso. De hecho, el presidente había advertido repetidamente: “Si el Congreso rechaza… llamaré a un plebiscito” . Lo dijo en campaña respecto a políticas polémicas (como derogar la ley del aborto legal), lo repitió al dictar por decreto sus primeras medidas económicas, y volvió a insinuarlo tras el revés legislativo de la Ley Ómnibus . Esta amenaza de consulta popular al electorado general –figura no vinculante salvo aprobación congresual– significó un mensaje claro a los legisladores: o aprueban, o buscará legitimar sus leyes directamente con “la gente”. Un analista resumió que el gobierno “salió a agitar su larga amenaza de plebiscitar lo que el Congreso y el diálogo democrático no le permitan disponer” . Tal postura rompe con el espíritu de la democracia representativa, donde las leyes surgen del diálogo y negociación entre fuerzas políticas. Milei, en cambio, deslegitima a los representantes que le oponen resistencia, retratándolos como miembros de un “Partido de la Casta” dispuesto a hundir al país con tal de que su gobierno fracase . En un discurso oficial llegó a decir que “el Partido del Estado” (su término para la clase política tradicional) “pone palos en la rueda… son la máquina de generar miseria”, acusándolos de sabotearlo por intereses corruptos .
Asimismo, Milei ha recurrido prolíficamente a Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) para impulsar cambios inmediatos. En sus primeros meses firmó DNU sobre seguridad (flexibilizando regulaciones policiales), economía (eliminando ministerios y tasas), entre otros, varios de los cuales la oposición buscó anular por vía legislativa por exceder la urgencia real. Esto ha inaugurado una dinámica de choque institucional: el Ejecutivo dicta medidas unilaterales y la oposición trata de construir mayoría para derogarlas, generando constante inestabilidad normativa. La actitud general de Milei hacia el Legislativo es de desdén: lo ve como guarida de políticos corruptos que solo “buscan coimas” o colocar trabas , y no como la sede natural del disenso en democracia. De ahí que, en seis meses, su relación con el Congreso haya sido de confrontación permanente, amenazando la autonomía del poder legislativo y la idea misma de frenos y contrapesos.
Relación con el Poder Judicial
El Poder Judicial argentino también ha sido blanco de embates bajo el gobierno de Milei. El caso más resonante ocurrió a inicios de 2025, cuando el Presidente decidió nombrar por decreto a dos jueces de la Corte Suprema, cubriendo vacantes sin acuerdo del Senado . Durante meses, Milei no logró reunir los dos tercios del Senado requeridos para aprobar a sus candidatos (un juez federal afín y un jurista conservador) debido a la resistencia de la oposición. En febrero de 2025, frustrado por el bloqueo, invocó una interpretación controvertida de la Constitución –una cláusula pensada para llenar vacantes temporales durante el receso legislativo– y emitió un decreto designando directamente a ambos magistrados . Human Rights Watch y amplios sectores jurídicos locales denunciaron inmediatamente la maniobra: “Nombrar a Lijo y García-Mansilla por decreto es uno de los ataques más graves a la independencia de la Corte Suprema en Argentina desde el retorno de la democracia”, declaró Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW . Esta acción fue criticada como una usurpación de facultades del Senado y una violación del principio de separación de poderes. Incluso dentro de la interpretación constitucional, numerosos expertos señalaron que esa facultad de cubrir vacantes “durante el receso” no aplica a jueces de la Corte ni a vacantes preexistentes al receso . Es decir, Milei se apoyó en una lectura forzada y unilateral de la Carta Magna para eludir al Senado y colocar jueces ideológicamente afines en el máximo tribunal.
El conflicto no terminó ahí: el Senado (controlado por la oposición en ese momento) se negó a convalidar los nombramientos y exigió respetar el procedimiento constitucional . El episodio abrió una crisis institucional, con acusaciones cruzadas. El gobierno de Milei argumentó en un comunicado que el Congreso había “evadido respetar la decisión de este Gobierno” sobre los candidatos, por lo cual avanzaba por decreto para que prevaleciera su voluntad . En otras palabras, dibujó al Legislativo como irresponsable por no avalar automáticamente las designaciones presidenciales. Esta postura refleja una peligrosa concepción: si el Poder Judicial no se subordina o el Senado no coopera, el Ejecutivo actuará solo.
Aparte de este caso extremo, Milei y sus funcionarios han adoptado un tono de hostigamiento verbal contra la Justicia cuando esta falla contra sus políticas. Ha cuestionado públicamente sentencias, ha tildado de “militantes” a jueces de ciertas instancias y puesto en duda la legitimidad de la Justicia heredada de gobiernos anteriores. También en este rubro ha exhibido su retórica de guerra cultural: altos cargos de su gobierno han negado la gravedad de crímenes de la última dictadura militar y atacado la agenda de derechos humanos, lo que rompe el consenso democrático argentino pos-1983 sobre el Nunca Más y genera roces con el Poder Judicial que sustancia juicios por delitos de lesa humanidad. En síntesis, Milei deslegitima a la Justicia cuando no sirve a sus fines, llegando a interferir directamente en su independencia (como con la Corte). Esto supone un quiebre más abrupto con la tradición republicana que incluso lo visto con el kirchnerismo, ya que nunca antes un presidente democrático nombró jueces supremos por decreto. La alarma sobre la integridad institucional llevó a que en 2025 miembros de la propia Corte y juristas denunciaran un deterioro acelerado: el exjuez supremo Juan Carlos Maqueda advirtió que Milei “hiere la democracia” y “pone en riesgo la independencia de poderes cuando opina sobre fallos judiciales y se entromete en ámbitos que le están vedados por la Constitución” .
Relación con los Medios de Comunicación
Aunque Milei llegó al poder en buena medida gracias a la exposición mediática (como economista excéntrico en programas de TV) y a las redes sociales, su relación con la prensa se tornó rápidamente conflictiva una vez en el gobierno. Fiel a su estilo frontal, el Presidente y su entorno han lanzado ataques personales contra periodistas y medios críticos, generando un clima de intimidación hacia la prensa que varias organizaciones han condenado. El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) documentó que, en pocos meses, 15 de los 37 ataques contra la prensa provinieron del Poder Ejecutivo nacional –8 directamente del presidente Milei y 2 de su vocero . Los epítetos empleados desde el poder incluyen llamar a periodistas “corruptos”, “mentirosos” y “extorsionadores” públicamente . Milei utiliza sobre todo sus redes sociales (Twitter/X, transmisiones en vivo) para desacreditar a medios que publican noticias desfavorables, acusándolos de difundir falsedades a instancias de la “casta”. Esta incitación desde la más alta investidura ha alimentado hordas de trolls y fanáticos que hostigan en redes a periodistas independientes, creando un ambiente cada vez más hostil para el trabajo periodístico.
La retórica oficial suele englobar a los comunicadores dentro de la misma élite parasitaria a la que dicen combatir. En un discurso, Milei listó que “la casta” no son solo los políticos, “claramente la casta no termina ahí, podemos encontrar a los periodistas y a los medios de comunicación” como parte del problema . Esta generalización implica que, para el gobierno, prensa y oposición política forman un bloque que defiende el viejo statu quo. Consecuentemente, ha habido decisiones preocupantes: se redujo drásticamente la publicidad oficial (lo cual en sí mismo responde a la política de austeridad, pero aplicado discriminatoriamente podría ahogar medios pequeños), se negó acceso o información a ciertos periodistas considerados hostiles, y en algunas provincias gobernadas por aliados de Milei se registraron actos de intimidación policial a comunicadores durante protestas (según reportes de ONG de prensa).
Organismos internacionales no tardaron en reaccionar. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) emitió una declaración urgiendo al gobierno de Milei a cesar los ataques verbales y “permitir a los periodistas hacer su trabajo libremente sin restricciones”, ante la evidencia de crecientes agravios oficiales . FOPEA y la SIP también manifestaron alarma. La situación llegó al punto de motivar pronunciamientos del Poder Judicial: el exministro de la Corte J. C. Maqueda señaló que la conducta presidencial “hiere… la libertad de expresión” al maltratar constantemente a la prensa, algo “impropio de un presidente” que usa lenguaje de “barrabrava o matón” . Estas no son caracterizaciones ligeras: indican que, a ojos de observadores calificados, el gobierno Milei exhibe rasgos de intolerancia a la crítica más propios de regímenes autoritarios que de democracias liberales consolidadas.
En conclusión, la relación de Milei con los medios se ha definido por la hostilidad. No ha intentado (al menos aún) controlar legalmente a la prensa vía leyes de medios o censura directa, sino que emplea la estrategia Trump/Bolsonaro: desacreditarla públicamente hasta minar su credibilidad, incentivando que su base ignore cualquier noticia negativa calificándola de mentiras de la “prensa corrupta”. Este patrón erosiona el debate público informado y pone en riesgo la libertad de prensa, dado que periodistas pueden autocensurarse por miedo a campañas de difamación o incluso amenazas derivadas de la polarización extrema. En términos de calidad democrática, tal ambiente representa un marcado retroceso respecto a administraciones anteriores.
Apelación Directa al Pueblo y Retórica Anti-élite
El liderazgo de Milei se caracteriza por una hiperapelación al pueblo “verdadero” combinado con un discurso anti-élite virulento. En su narrativa, Milei se presenta como un emisario de “los argentinos de bien” contra un sistema corrupto; su comunicación política elude la intermediación tradicional (partidos, congreso) en favor de mensajes directos, simplificados y emocionales hacia sus seguidores. Durante la campaña se hizo célebre por sus intervenciones extravagantes (motosierra en mano prometiendo “cortar” el despilfarro público) y eslóganes directos (“¡Viva la libertad, carajo!”). Ya en el gobierno, ha seguido privilegiando las redes sociales, los discursos en vivo por streaming y los actos multitudinarios para legitimar sus políticas. Cuando enfrenta resistencias institucionales, rápidamente recurre a la idea de que “la gente votó esto” y por tanto cualquier traba es antidemocrática. Esto se vio claramente en la amenaza de plebiscitos: Milei confía más en la voluntad popular entendida a su manera (mayoría plebiscitaria) que en la deliberación parlamentaria.
Su retórica anti-élite es quizá de las más agresivas que haya visto la democracia argentina reciente. El término “casta” –tomado de los movimientos indignados españoles– fue incorporado por Milei para englobar peyorativamente a todos los políticos tradicionales, a los sindicalistas, a empresarios prebendarios, e incluso a intelectuales, periodistas y figuras públicas que defienden el status quo estatal. Los acusa de ser “parásitos” que viven del pueblo, responsables de décadas de decadencia. En palabras del propio Presidente, tras un año de gestión, “decidimos decirle basta a la tiranía del Estado y de la casta… poner freno al afán (¿o afano?) infinito de una casta política descontrolada que favorecía a sus socios a costa de todo el resto del país” . Esta declaración, realizada en un acto oficial, equipara al Estado anterior con un régimen tiránico del cual habría que independizarse. Milei suele hacer comparaciones históricas rimbombantes (se ve a sí mismo liderando una cruzada libertadora contra opresores internos) e incluso bíblicas, instando a su pueblo a resistir tentaciones “esclavizantes” como la ayuda estatal o la “mierda socialista”. Su cosmovisión es profundamente maniquea: de un lado los patriotas amantes de la libertad (que coinciden con sus votantes), del otro, los estatistas corruptos que oprimen. No hay grises ni legítimas discrepancias políticas, sino moralidad vs. inmoralidad.
Esta retórica ha incluido ataques inusuales hacia movimientos sociales progresistas: Milei demoniza al “marxismo cultural”, al feminismo (“feminazis” las ha llamado), al ambientalismo que tilda de farsa comunista, etc. Así, en su construcción del enemigo no solo están los políticos de la vieja partidocracia, sino también amplios colectivos presentados como élites ideológicas que habrían capturado el Estado: organizaciones de derechos humanos (a las que su vicepresidenta ha acusado de lucrar con el pasado dictatorial), activistas LGBTIQ, académicos de universidades públicas, etc. Esto constituye una diferencia notable con el populismo kirchnerista: mientras aquel era inclusivo con minorías y dirigía su anti-elitismo principalmente contra ricos y poderosos, Milei dirige su ira contra la “elite progre” y contra beneficiarios de políticas sociales también (a los que ve como clientela de la casta). En su concepción, “el pueblo” son los individuos productivos y meritocráticos, y los “antipueblo” son tanto las oligarquías políticas como los sectores dependientes del Estado.
La apelación directa al pueblo por parte de Milei, entonces, se realiza sobre bases emotivas y anti-intelectuales. Desprecia el lenguaje político tradicional, usando frecuentemente insultos, groserías y analogías coloquiales. Como señaló el exjuez Maqueda, Milei emplea “un lenguaje violento, más propio de barrabravas o matones que de un presidente”, advirtiendo que estas formas pueden desencadenar violencia real . En efecto, su estilo comunicacional busca indignar y movilizar pasiones, presentándose él mismo como hombre del pueblo común contra la élite. Ha insultado en público a otros mandatarios extranjeros y figuras internacionales, reforzando la idea de que no se somete a la “diplomacia de la casta”. Esto ha aislado a Argentina en ciertos foros, pero consolida su imagen ante sus bases como alguien “que no se calla la verdad”. En resumen, Milei profundiza la lógica plebiscitaria populista: reivindica una identidad homogénea del Pueblo soberano (encarnada en él) en lucha contra “los otros”. Esto es un desafío serio a la convivencia democrática, pues erosiona la legitimidad de cualquier oposición –si toda disidencia es casta antipueblo, la única lealtad válida es hacia el líder y su proyecto.
Impacto en la Calidad Democrática, Autonomía Institucional y Estabilidad
Aunque el gobierno de Milei es aún reciente (menos de dos años al momento de este análisis), sus tendencias suscitan gran preocupación en términos de calidad democrática y estabilidad institucional. Organismos de derechos humanos, ONGs y analistas ya advierten que Argentina podría estar transitando una regresión democrática acelerada bajo este populismo de derecha. Veamos los impactos principales:
• **Calidad democrática:** Varios indicadores han dado señales de alarma. La libertad de expresión y de prensa se han visto amenazadas por el clima de hostigamiento; FOPEA y CPJ señalan un deterioro notable en pocos meses . La tolerancia gubernamental al disenso es muy baja: se estigmatiza a opositores políticos (tratados de inmorales o traidores), se desprecia el diálogo institucional y se impulsa la criminalización de la protesta (el gobierno eliminó protocolos garantistas y promovió leyes para penar duramente cortes de calle y movilizaciones sociales) . Todo esto apunta a una reducción del espacio cívico y una deriva autoritaria en ciernes. De hecho, miembros de la Corte Suprema y referentes democráticos han afirmado que la conducta presidencial “hiere la democracia” y viola principios básicos como la libertad de expresión y la independencia judicial . Un prestigioso índice internacional recientemente bajó la calificación de Argentina citando retrocesos en calidad institucional desde la asunción de Milei . Si bien formalmente siguen vigentes las elecciones libres y la división de poderes, en la práctica el Estado de Derecho está sufriendo embates: se gobierna a decreto limpio, se concentran facultades extraordinarias y se desacredita a los árbitros independientes (jueces, medios, organismos de control). Todo esto configura un notable deterioro democrático.
• **Autonomía de organismos republicanos:** El Ejecutivo de Milei ha invadido competencias de otros poderes de manera inédita en tiempos recientes. La independencia del Poder Judicial fue vulnerada con los nombramientos por decreto en la Corte . La del Poder Legislativo, con la delegación masiva de facultades y la amenaza de plebiscitos para saltarlo . Órganos autónomos también están bajo ataque: Milei ha arremetido contra el Banco Central (busca eliminarlo directamente, lo cual de concretarse sería la abolición de un pilar institucional económico), contra entes reguladores y hasta contra gobiernos provinciales (ha acusado a gobernadores opositores de conspirar para que le vaya mal) . Además, instaló en la Secretaría General de la Presidencia a su propia hermana (cargo informal pero de gran poder), lo que para muchos supuso un avasallamiento de normas éticas de la función pública. Su ministro de Justicia ha amenazado con investigar a jueces que “no cumplan su función”, insinuando mecanismos de presión. La conclusión es que la autonomía y equilibrio de poderes están seriamente comprometidos: en pocos meses Milei acumuló facultades legislativas delegadas, dictó DNUs controvertidos y colocó aliados en puestos judiciales clave, reduciendo los frenos a su autoridad. Esta tendencia, de continuar, puede acercar al país a un esquema de “hyper-presidencialismo” rayano en el autoritarismo competitivo.
• **Estabilidad institucional:** La llegada de Milei generó un temblor en el orden institucional argentino. Sus políticas de shock económico (drástica austeridad, masivo recorte del Estado) han provocado conflictividad social: huelgas, protestas de movimientos sociales, tensiones federales con provincias afectadas por recortes de coparticipación. En lugar de encauzar estos conflictos mediante diálogo, el gobierno respondió endureciendo su postura, incluso contemplando la represión: derogó reglamentaciones que limitaban el uso de la fuerza en protestas y promovió leyes para penar severamente a manifestantes . Esto incrementa el riesgo de choques violentos que pongan en jaque la paz social. Por otro lado, la erosión institucional –al degradar al Congreso y la Justicia– puede derivar en crisis de legitimidad. Un Poder Legislativo pintado como inútil o enemigo podría paralizarse; un Poder Judicial colonizado podría perder la confianza ciudadana. Ambos escenarios minan la gobernabilidad democrática. La retórica de Milei también ha aislado a Argentina diplomáticamente (insultó a presidentes vecinos y se alineó con la extrema derecha global) , lo que resta apoyos internacionales en caso de crisis. Hasta el momento, las instituciones resisten a duras penas: el Congreso ha frenado algunas iniciativas extremas y la prensa sigue informando a pesar de todo. Pero la polarización es altísima y se observa “una tendencia a tolerar el totalitarismo y la acción violenta del Estado” en parte de la población joven seguidora de Milei, según advirtió el CELS . Esto es un síntoma preocupante de descomposición del consenso democrático básico y augura potencial inestabilidad. Aun si Milei mantiene popularidad en su núcleo duro, gobernar contra media sociedad y contra instituciones independientes no es sostenible sin riesgo de quiebre institucional (sea por destituciones, renuncias forzadas, autogolpes, etc., que Argentina ya vivió en otros tiempos).
En síntesis, el populismo de derecha de Milei, en poco tiempo, ha debilitado seriamente la calidad democrática argentina, atacando pilares como la libertad de prensa y la separación de poderes. Su estilo de confrontación total con la “casta” ha significado confrontación con la democracia representativa misma. Las instituciones republicanas están sometidas a una presión inédita, y la estabilidad a largo plazo se ve amenazada por la polarización extrema, el descontento social por el ajuste económico (55% de pobreza y subiendo, según WOLA ) y el aislamiento internacional. Muchos observadores instan a la comunidad internacional a “prestar atención y tomar medidas” ante lo que ocurre en Argentina , para evitar un colapso democrático en el país. La comparación con casos como el de Fujimori en Perú (quien terminó cerrando el Congreso en 1992) ha surgido en artículos que ven al mileísmo “en los bordes de la democracia”. Hasta ahora, no se ha cruzado el Rubicón hacia la ruptura total, pero el camino de erosión institucional ya está trazado.
Comparación de Kirchnerismo y Milei: Populismo de Izquierda vs. Derecha frente a la Democracia
Tanto el populismo kirchnerista (izquierda) como el mileísta (derecha) comparten la impronta populista de privilegiar el vínculo líder-pueblo por sobre los procedimientos institucionales, pero difieren ideológicamente y en sus modos de incidencia sobre la democracia. A continuación se comparan ambos modelos en los aspectos analizados:
• **Ideología y Enemigo Elitista:** Kirchnerismo abrazó un ideario nacional-popular de centroizquierda, con Estado interventor y retórica anti-neoliberal. Su enemigo fueron las élites económicas (corporaciones mediáticas, financieras, agroexportadores) y cierta “oligarquía” política del pasado . Milei, en cambio, impulsa un ideario libertario-ultraconservador, buscando achicar el Estado, y su enemigo es la “casta política” en sentido amplio (toda la dirigencia tradicional, sindicatos, progresistas) a la que demoniza como socialista/corrupta . Mientras Kirchner defendía el colectivo popular (trabajadores, pobres) contra corporaciones, Milei defiende al individuo productivo contra el Estado opresor.
**• Poder Legislativo:** Kirchnerismo usualmente controló el Congreso gracias al partido hegemónico peronista, legislando sin trabas mayores. Aun así, prefería a veces la vía rápida del decreto, debilitando el rol deliberativo . Milei asumió sin mayoría parlamentaria y ha visto al Congreso como obstáculo: buscó delegación legislativa masiva a su favor y amenazó con plebiscitos para sortear votaciones adversas . En resumen, ambos mostraron impaciencia con la deliberación parlamentaria, pero Kirchner operó desde la fuerza de una mayoría disciplinada, mientras Milei opta por bypass más extremos cuando la mayoría le es esquiva.
**• Poder Judicial:** Ambos populismos desarrollaron tensiones con la Justicia, pero con grados distintos. Kirchnerismo intentó alinear la Justicia a su proyecto mediante reformas (Consejo de la Magistratura 2006 , proyecto de “democratización” 2013) y discursos contra jueces “corporativos” , aunque respetó los procesos formales de nombramiento de la Corte e incluso mejoró inicialmente su composición. Milei, en pocos meses, incurrió en un acto sin precedentes: nombrar jueces supremos por decreto, minando directamente la independencia judicial . Además, su gobierno ataca a jueces y organismos de derechos humanos en términos ideológicos. En síntesis, el kirchnerismo tendió a cooptar/influenciar la Justicia paulatinamente, mientras Milei ha buscado subyugarla o ignorarla abiertamente si no se pliega.
• **Medios de Comunicación:** Kirchnerismo tuvo una relación conflictiva pero regulada: enfrentó a grandes medios (especialmente Clarín) promoviendo una ley antimonopolio y creando su propio aparato mediático, a la vez que criticaba duramente a la prensa adversa (acusaciones de operar para “los poderosos”). Hubo acusaciones de censura indirecta, pero la prensa mantuvo pluralidad aunque polarizada. Milei, por su parte, asumió con un ataque frontal contra la prensa crítica, sin nuevas leyes pero con descalificación y hostigamiento verbal sistemático . Ha metido a los periodistas en el saco de “la casta” y generado un clima de intimidación reconocido internacionalmente . Ambos han afectado la libertad de expresión: Kirchner vía confrontación con medios opositores y uso arbitrario de recursos (pauta, cadenas), Milei vía intimidación directa y erosión de la confianza en el periodismo. La diferencia es que Milei rompe más abiertamente las normas de respeto a la prensa, usando insultos y fomentando el odio contra esta, lo cual es un deterioro más abrupto en estándares democráticos.
• **Uso de Decretos y facultades extraordinarias:** Néstor y Cristina Kirchner abusaron de DNUs para todo tipo de medidas , legalizando en 2006 un régimen flexible de control que les permitía gobernar por decreto con mínima intervención del Congreso . También mantuvieron emergencias económicas por largos años (delegando ciertas facultades). Milei llegó e inmediatamente pidió y obtuvo facultades delegadas en áreas críticas (aunque menos de las pretendidas) , además de emitir DNUs polémicos (como el DNU 70/2023 que reestructuró el Estado). Es decir, ambos consolidaron un Ejecutivo hipertrofiado. La diferencia es de contexto: Kirchner lo hizo con el aval de un Congreso propio y tras la crisis de 2001, Milei lo hace enfrentando a un Congreso semi-opositor y creando una sensación de “estado de excepción” permanente para sus reformas. Las vías pueden ser distintas, pero en ambos casos se observa una erosión del principio de legalidad ordinaria y del equilibrio de poderes.
• **Apelación al pueblo vs. instituciones:** Los dos modelos populistas privilegian la legitimidad plebiscitaria. Kirchnerismo se apoyó en victorias electorales y movilización militante para argumentar que sus políticas representaban a “la gente” contra las trabas de institucionalidad liberal . Milei hace lo propio con su 56% en balotaje, alegando un mandato directo para “volarlo todo”. Ambos mostraron impaciencia con los procesos de concertación y gobernaron más por discurso que por negociación. Sin embargo, el tono difiere: Kirchner lo hizo con un estilo épico-nacional y reivindicando mayorías populares clásicas (trabajadores, pobres); Milei lo hace con un estilo antisistema radical, despreciando incluso a minorías vulnerables si no caben en su definición de “pueblo”. Sus apelaciones tienen también signo opuesto: Kirchner invitaba a respaldar un Estado protector; Milei invoca al pueblo a liberarse del Estado opresor. Aun así, en lo procedimental, ambos devaluaron el rol de la mediación institucional: cabildos abiertos mediáticos en un caso, redes sociales incendiarias en el otro, por encima del debate orgánico en Congreso o ámbitos colegiados.
• **Retórica anti-élite:** Es el rasgo común más evidente. Kirchnerismo fustigó a la “élite neoliberal” (mercados, medios concentrados, FMI) y a la oposición acusándola de antipatria o servil a esos intereses . Milei fustiga a la “élite estatista” (la casta política, la “izquierda”), culpándola de todos los males . Ambos discursos dividen la sociedad entre pueblo puro vs. élites corruptas. La peligrosidad para la democracia está en que esa división demoniza al adversario: en el kirchnerismo opositores eran tachados de oligarcas anti-pueblo; en el mileísmo son tildados de comunistas ladrones o conspiradores. En uno y otro caso, se erosiona la legitimidad de la oposición necesaria en democracia. No obstante, cabe matizar que la agresividad verbal de Milei es aún mayor y más amplia: incluye insultos crudos y abarca a más sectores (academia, feministas, prensa, organizaciones de DD.HH.), mientras la de Kirchner –aunque muy belicosa– mantenía ciertos códigos (por ejemplo, Cristina rara vez insultó con groserías, Milei lo hace rutinariamente).
• **Calidad democrática e institucionalidad:** El balance general es que ambos populismos han tenido un efecto negativo en la calidad de las instituciones democráticas, pero el grado y velocidad difiere. El kirchnerismo gobernó 12 años durante los cuales hubo retrocesos en independencia judicial, corrupción en ascenso y crispación política, pero Argentina se mantuvo dentro de parámetros democráticos “imperfectos”. De hecho, su derrota electoral en 2015 demostró que la alternancia funcionaba. Con Milei, en cambio, se percibe un riesgo de involución más acelerada hacia prácticas autoritarias, observado ya en el primer año: concentración de poder, ataques a prensa, violaciones de formas republicanas, todo en un contexto económico social explosivo. Algunos se preguntan si la democracia argentina resistirá un mandato completo bajo estas condiciones, o si Milei forzará la máquina hasta un punto de quiebre. En pocas palabras, el kirchnerismo tensionó la república, Milei amenaza con romperla si persiste en su rumbo.
Para visualizar comparativamente las características de cada modelo, a continuación se presenta una tabla resumen:
Conclusiones
Los casos del kirchnerismo y de Javier Milei demuestran que el populismo, sea de izquierda o de derecha, tiende a entrar en tensión con las instituciones democráticas liberales. En Argentina, el populismo kirchnerista convivió con la democracia representativa pero a costa de desvirtuar algunos de sus componentes fundamentales –debilitando controles al Ejecutivo, polarizando la esfera pública y cuestionando la legitimidad de la prensa y la Justicia cuando le eran adversas. A su vez, la nueva experiencia populista de derecha encarnada por Milei está llevando esos desafíos al extremo: en pocos meses ha utilizado herramientas excepcionales (decretos, delegaciones) para concentrar poder y ha atacado frontalmente a prácticamente todos los contrapesos de la república (Congreso, Justicia, medios, movimientos sociales).
Ambos modelos comparten recursos (el discurso anti-élite, la apelación directa al “pueblo” por encima de las instituciones, el estilo personalista y autorreferencial del liderazgo) y en ambos se aprecia una disminución de la calidad democrática cuando gobernaron. Sin embargo, difieren en el contenido ideológico y en la dirección de sus políticas (expansión estatal e inclusiva en un caso, reducción estatal y excluyente en el otro), así como en la magnitud de la erosión institucional. El kirchnerismo, inscrito en la tradición latinoamericana de populismo de izquierda, fortaleció derechos sociales pero a la vez cultivó un delegacionismo que minó parcialmente la institucionalidad. Milei, representante de la nueva ola populista de ultraderecha, promete “dinamitar” el statu quo institucional en nombre de la libertad individual, y sus primeros actos de gobierno ya han puesto en jaque principios democráticos básicos de modos más abruptos que su contraparte.
Para la Argentina, las consecuencias se siguen desarrollando. El kirchnerismo dejó un sistema democrático con tensiones pero funcional, que permitió la alternancia. El experimento de Milei aún está en curso; los próximos años serán decisivos para saber si las instituciones republicanas logran resistir y encauzar a este gobierno dentro del marco democrático, o si por el contrario se profundiza un curso de choque que pueda derivar en una crisis institucional seria. En cualquier caso, la comparación pone de relieve que la fortaleza de una democracia no depende solo de elecciones, sino también del respeto cotidiano a sus instituciones y normas por parte de quienes gobiernan. Y es precisamente ese respeto el que flaquea bajo modelos populistas que se consideran a sí mismos portavoces exclusivos de la voluntad popular. Como advirtiera un juez de la Corte, “Argentina tiene en este momento una falta de calidad democrática e institucional muy grande, en gran parte debida a la conducta del Presidente” –palabras que resuenan hoy referidas a Milei, pero que bien podrían aplicarse en distintos grados a cualquier líder que socave el delicado entramado de pesos y contrapesos sobre el que descansa la república.
En conclusión, la experiencia muestra que tanto el populismo de izquierda como el de derecha someten a prueba la resiliencia de la democracia. El caso argentino evidencia que, aunque con estilos y fines distintos, cuando un líder populista empuja los límites frente a Legislativo, Justicia, prensa y otros órganos autónomos, la consecuencia es una merma en la calidad institucional y un aumento de la incertidumbre y la conflictividad. La lección para el fortalecimiento democrático sería la necesidad de reenfocar el pacto político en Argentina hacia el respeto a las reglas y la aceptación del pluralismo, de forma que ningún gobierno –sea del signo ideológico que fuere– se arrogue potestades absolutas ni descalifique la legitimidad del “otro”. Solo así se podrá garantizar la estabilidad institucional y la vigencia de una democracia plena, inmune a los cantos de sirena de los personalismos salvadores.
Referencias
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