El Experimento Argentino: Sostenibilidad y Fractura Social en la Era Milei

El Veredicto del Primer Año

El ascenso de Javier Milei a la presidencia de Argentina no fue meramente un cambio de gobierno; fue la inauguración de un laboratorio a cielo abierto, un experimento de importancia global para un proyecto de fundamentalismo de mercado radical, fusionado con una nueva y virulenta cepa de populismo cultural de derecha. Su enfoque de “motosierra” para recortar el gasto y “licuadora” para erosionar las obligaciones del Estado ha producido cambios macroeconómicos de una velocidad asombrosa, capturando la atención de instituciones financieras internacionales, fondos de inversión y movimientos conservadores en todo el mundo.1 El relato oficial, pregonado desde la Casa Rosada y amplificado por sus acólitos globales, es uno de éxito rotundo: la doma de una inflación galopante, la consecución del primer superávit fiscal en más de una década y la restauración de la confianza de los mercados, manifestada en una drástica caída del riesgo país.2

Sin embargo, detrás de esta fachada de orden fiscal yace una realidad social devastadora. La estabilización se ha logrado a costa de una recesión brutal, un colapso histórico de los salarios reales y el consumo, y un alarmante aumento de la conflictividad y la angustia social.2 Este análisis se adentra en la profunda contradicción que define al modelo de Milei. La cuestión central no es si estas dos realidades —la macroeconomía celebrada y la microeconomía devastada— existen, pues su coexistencia es innegable. La pregunta fundamental es si pueden coexistir de manera sostenible en el tiempo. ¿Es el inmenso dolor social un costo temporal y necesario para una prosperidad futura, como argumenta el gobierno, o es precisamente el factor que torna al modelo política y económicamente inviable a mediano y largo plazo?

Este editorial argumentará que, si bien la doctrina de shock implementada por Milei ha logrado una estabilización macroeconómica precaria y superficial, su sostenibilidad a largo plazo está profundamente comprometida. El modelo se erige sobre tres pilares intrínsecamente inestables que presagian su propio fracaso. Primero, un conjunto de contradicciones económicas que no son novedosas, sino que replican con inquietante fidelidad los experimentos ortodoxos que han conducido a Argentina a crisis cíclicas en su pasado. Segundo, un nivel de devastación social que, lejos de ser un mero efecto colateral, erosiona las bases del mercado interno y genera una resistencia política y social creciente que el gobierno solo puede contener mediante la fuerza. Y tercero, un modelo de gobernanza que depende de tácticas autoritarias y del avivamiento constante de una “batalla cultural” para suprimir el disenso y legitimar un ajuste regresivo. En última instancia, el experimento argentino no se perfila como un modelo viable de desarrollo, sino como una apuesta de alto riesgo que está profundizando las fracturas históricas de la nación, empujándola hacia un predecible punto de quiebre.

Parte I: Anatomía del Shock Económico: Un Superávit Construido sobre Arena

La “Motosierra” y la “Licuadora”: Deconstruyendo el Ajuste Fiscal

El gobierno de Milei se inauguró con la aplicación de un tratamiento de shock de manual, un paquete de medidas de una dureza y velocidad sin precedentes en la historia democrática reciente del país. Las primeras acciones incluyeron una devaluación del peso del 52%, la suspensión inmediata de toda la obra pública nacional, recortes drásticos a los subsidios a la energía y el transporte, la reducción de la plantilla estatal a través de la no renovación de contratos, y la eliminación total de la pauta publicitaria oficial.6 El discurso que acompañó este tsunami de medidas fue el de un sacrificio inevitable, un mal necesario para conjurar el fantasma de la hiperinflación y, fundamentalmente, para terminar con los “privilegios de la casta política”, a quienes se culpaba de décadas de decadencia.6

Sin embargo, un análisis detallado de la composición del ajuste revela una narrativa muy diferente, una que el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) ha denominado “el fin del relato de la casta”.8 Los datos oficiales demuestran que el peso del ajuste no ha recaído sobre los hombros de una élite política parasitaria, sino sobre los de la sociedad en su conjunto, con un impacto desproporcionado en los sectores más vulnerables. Según el análisis de CEPA, aproximadamente el 67% del ajuste fiscal es soportado por trabajadores asalariados, pequeñas y medianas empresas (pymes) y, de manera particularmente cruel, por los jubilados.8 Los componentes clave de este ajuste no son los recortes en los salarios de los políticos o sus gastos superfluos, sino la licuación de las jubilaciones, la reimposición del impuesto a las ganancias para la clase media trabajadora, la paralización de transferencias a las provincias que financiaban salarios docentes y, por supuesto, el freno total a la obra pública, con su consecuente destrucción de empleo.4 Esto no es un detalle menor, sino que expone la naturaleza fundamentalmente regresiva del modelo. La “motosierra” que prometía podar los privilegios de la élite terminó talando los pilares del estado de bienestar y la cohesión social.

Este mecanismo dual de “motosierra” y “licuadora” es la clave para entender el logro más celebrado por el gobierno: la obtención de un superávit fiscal por primera vez en más de una década.2 El superávit es, en efecto, el resultado directo de la “motosierra” —cortes brutales en la inversión pública, las transferencias a las provincias y la financiación de universidades— y la “licuadora”, un mecanismo por el cual la inflación descontrolada de los primeros meses pulverizó el valor real de los gastos del Estado nominados en pesos, como las jubilaciones y los salarios públicos.4 La sostenibilidad de este superávit es, por tanto, altamente cuestionable. No solo depende de mantener un nivel de ajuste socialmente insostenible, sino que, además, su contabilidad es engañosa. Informes como el de CEPA señalan que el superávit financiero oculta el pago de intereses capitalizados de la deuda del Tesoro (LECAPs), que de ser contabilizados correctamente, borrarían el saldo positivo y revelarían un déficit persistente.4 Por lo tanto, el superávit no es un signo de salud económica estructural, sino el síntoma de una profunda recesión y de una licuación de ingresos sin precedentes.

La Batalla contra la Inflación: ¿Una Victoria Pírrica?

El segundo gran pilar del relato de éxito del gobierno es la drástica desaceleración de la inflación mensual. Tras el fogonazo inicial provocado por la devaluación y la desregulación masiva de precios —que llevó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) a un pico del 25.5% en diciembre de 2023 y mantuvo tasas superiores al 10% en los meses siguientes 4—, el índice comenzó a caer de forma pronunciada, alcanzando un 2.7% en octubre de 2024 y un 1.6% en junio de 2025.4 El presidente definió esta trayectoria como un “milagro económico”.7

No obstante, este “milagro” tiene una explicación terrenal y dolorosa. La desinflación se consiguió fundamentalmente a través de dos mecanismos. El primero y más potente fue el colapso inducido de la demanda agregada. La pulverización de los salarios y las jubilaciones simplemente aniquiló la capacidad de compra de la población, lo que provocó una caída histórica del consumo.5 Con los consumidores sin dinero en los bolsillos, las empresas se vieron forzadas a poner un techo a los aumentos de precios para poder vender algo, incluso a costa de sus propios márgenes. El segundo mecanismo fue el uso del tipo de cambio como ancla antiinflacionaria. El gobierno implementó un esquema de devaluación controlada (conocido como

crawling peg) de apenas un 2% mensual, muy por debajo de la inflación, lo que abarató los productos importados y ayudó a contener los precios internos a costa de la competitividad de la producción nacional.4

Además, existe un debate sobre la representatividad del propio IPC. El índice oficial mide la variación de precios de una canasta de bienes y servicios fija, basada en patrones de consumo de años anteriores. En un contexto de crisis tan aguda, los hogares modifican drásticamente sus hábitos, reemplazando productos de primeras marcas por otros de menor calidad o eliminando por completo ciertos consumos. El CEPA, utilizando ponderadores de la Encuesta de Gasto de los Hogares (ENGHo) de 2017/18, que reflejan una estructura de consumo más reciente, calcula que la inflación acumulada desde la asunción de Milei sería significativamente mayor a la oficial.4 Esto sugiere que el “milagro” desinflacionario podría ser, en parte, un espejismo estadístico que no refleja completamente la pérdida de calidad de vida de la población.

La Crisis Latente: Apreciación Cambiaria y Fragilidad Financiera

El punto más vulnerable del modelo económico de Milei, y el que más recuerda a los fracasos del pasado argentino, es su creciente dependencia de un tipo de cambio real apreciado y de la entrada de capitales especulativos. La política de anclar los precios mediante un crawling peg muy lento ha provocado un “atraso cambiario” significativo: el peso argentino se ha fortalecido en términos reales, haciendo que los productos y servicios locales se encarezcan en dólares.14 Si bien esto ayuda a contener la inflación en el corto plazo, tiene efectos devastadores para la economía real: erosiona la competitividad de las exportaciones, incentiva las importaciones que compiten y destruyen a la industria local, y genera un déficit comercial insostenible.14

Este esquema solo puede sostenerse mientras ingresen dólares a la economía para financiar el desequilibrio. Aquí es donde entra en juego el “carry trade” o “bicicleta financiera”. Con tasas de interés en pesos muy superiores a la devaluación esperada, los inversores especulativos encuentran un negocio extraordinariamente rentable: ingresan dólares al país, los convierten a pesos, los invierten en instrumentos financieros locales de corto plazo y, al cabo de un tiempo, recompran más dólares de los que trajeron originalmente, obteniendo ganancias exorbitantes en moneda dura, que según algunos análisis alcanzan el 19% anual.16 Esta entrada de capitales especulativos alimenta artificialmente las reservas del Banco Central y contribuye a mantener la calma cambiaria, creando lo que el Real Instituto Elcano describe como un “espejismo” de estabilidad.16

Este guion es trágicamente familiar para los argentinos. Es una repetición casi exacta del modelo de la Convertibilidad de los años 90, que también se basó en un tipo de cambio fijo (apreciado) y en la entrada de capitales externos, y que terminó en la peor crisis económica, social y política de la historia del país.14 La vulnerabilidad fundamental del esquema actual, como lo fue entonces, es la fragilidad de las reservas. A pesar de la acumulación reciente, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) sigue teniendo reservas netas negativas, es decir, debe más dólares de los que posee.4 No existe un respaldo genuino para la moneda. Esto significa que el sistema es extremadamente susceptible a un cambio en las expectativas de los inversores. Cualquier evento que genere desconfianza —una crisis política, un shock externo, la simple percepción de que el modelo se agota— puede desencadenar una fuga de capitales masiva. Los inversores del “carry trade” se apresurarían a salir del peso y volver al dólar, provocando una corrida cambiaria, una devaluación desordenada y un nuevo y violento ciclo inflacionario. Analistas del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) y otras instituciones pronostican que, debido a estas debilidades estructurales, el modelo llegará a su límite en 2025.14 La aparente calma actual no es más que la quietud que precede a la tormenta.

Parte II: El Balance Social: Una Nación Bajo Estrés

Si el andamiaje económico del modelo Milei se asienta sobre arena, su costo humano se mide en una fractura social de proporciones históricas. Esta sección detallará la profunda degradación del tejido social argentino, argumentando que no se trata de un daño colateral, sino de una consecuencia directa y funcional de un proyecto que requiere el empobrecimiento de la mayoría para alcanzar sus metas fiscales.

La Paradoja de la Pobreza: Deconstruyendo las Cifras

En el corazón del debate sobre el impacto social del gobierno yace una aparente paradoja, una guerra de cifras que revela una estrategia deliberada de manipulación narrativa. Por un lado, el gobierno y sus aliados celebran una supuesta caída de la pobreza, especialmente la infantil. Citando datos de UNICEF, afirman que 1.7 millones de niños salieron de la pobreza monetaria en la segunda mitad de 2024, y proyectan nuevas caídas para 2025.18 Atribuyen este logro a la desaceleración de la inflación y al aumento de transferencias directas como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar.18

Esta narrativa optimista choca frontalmente con los informes del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), una de las instituciones más respetadas en la medición de la pobreza en el país. Los datos de la UCA pintan un cuadro desolador: la pobreza infantil multidimensional alcanzó un récord histórico del 65.5%, el nivel más alto en 20 años, y la pobreza multidimensional general trepó al 41.6%.21 La inseguridad alimentaria, según la UCA, afecta al 35.5% de los hogares, la cifra más alta en dos décadas.22

La clave para desentrañar esta contradicción reside en la metodología. No se trata de un simple desacuerdo estadístico, sino de dos formas fundamentalmente distintas de concebir y medir la pobreza.

• Pobreza Monetaria (utilizada por INDEC y replicada por UNICEF en sus proyecciones): Este método compara los ingresos de un hogar con el costo de una Canasta Básica Total (que incluye alimentos y servicios esenciales). Es una medición indirecta del bienestar, altamente sensible a las variaciones de la inflación y a las transferencias de dinero.23 Si la inflación se desacelera más rápido que la caída de los ingresos o si el Estado inyecta dinero directamente en los hogares más pobres, la pobreza monetaria puede mostrar una mejora, aunque las condiciones de vida no lo hagan.
• Pobreza Multidimensional (utilizada por la UCA): Este enfoque mide las carencias en el acceso a derechos fundamentales, independientemente del ingreso. Considera dimensiones como el acceso a la educación, a un sistema de salud, a una vivienda digna con servicios básicos (agua potable, saneamiento), a un empleo de calidad y a la seguridad alimentaria.22 Es una medición directa y estructural de las condiciones de vida.

La divergencia entre ambas mediciones revela una verdad mucho más profunda y preocupante. El gobierno ha optado por una estrategia de “gerenciamiento estadístico”, eligiendo y amplificando selectivamente la métrica que mejor se adapta a su relato de éxito. Mientras la pobreza monetaria puede ser maquillada temporalmente con asistencia social focalizada —una suerte de analgésico para un paciente con una enfermedad terminal—, la medición multidimensional de la UCA expone la metástasis de la crisis. Revela que, aunque una familia pueda tener marginalmente más efectivo en relación con una inflación decreciente, al mismo tiempo está perdiendo el acceso a la salud pública por el desfinanciamiento, sus hijos asisten a escuelas que se caen a pedazos, su vivienda se vuelve más precaria por la falta de obra pública y su capacidad de alimentarse adecuadamente se desploma. Lo que está ocurriendo no es una reducción de la pobreza, sino un vaciamiento de la ciudadanía, una degradación de las condiciones estructurales que hacen posible una vida digna.

La siguiente tabla ilustra este conflicto de narrativas, mostrando cómo dos metodologías pueden pintar cuadros radicalmente opuestos de la misma realidad social.

Tabla 1: Pobreza en Argentina (2023-2025) – Una Comparación Metodológica

La Pulverización de las Clases Media y Trabajadora

El ajuste de Milei no solo ha golpeado a los sectores más vulnerables; ha desatado un ataque frontal contra las clases media y trabajadora, que históricamente constituyeron el motor del consumo interno y la espina dorsal de la sociedad argentina. El principal instrumento de esta demolición ha sido la licuación salarial. Los datos oficiales del INDEC muestran que, si bien los salarios nominales aumentaron un 65.7% interanual en mayo de 2025, esta cifra queda muy por debajo de la inflación acumulada en el mismo período, lo que confirma una pérdida masiva y deliberada del poder adquisitivo.11 Análisis más detallados, como los del CEPA, cuantifican esta caída: para septiembre de 2024, los salarios del sector público habían perdido un 16.1% de su valor real y los del sector informal un 20.1% desde el inicio del gobierno. El promedio ponderado de todos los salarios registró una caída del 9.6% en su poder de compra.4

Esta aniquilación del salario tuvo una consecuencia directa e inmediata: la extinción del consumo. Con una población empobrecida, el mercado interno, que representa la mayor parte del PBI argentino, se desplomó. El consumo general se contrajo un 17% en 2024, la peor caída desde la crisis de 2016.5 Las ventas minoristas pymes acumularon una caída del 17.2% en el primer semestre del año.13 Este derrumbe se refleja en indicadores básicos de la vida cotidiana: el consumo de carne vacuna per cápita cayó a su nivel más bajo en 28 años, mientras que las ventas de lácteos y yerba mate también sufrieron caídas históricas.4

Este círculo vicioso de salarios pulverizados y consumo extinguido desencadenó la tercera fase de la catástrofe social: la destrucción del aparato productivo y del empleo. La recesión y la falta de ventas provocaron una ola de cierres de empresas. Entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024, más de 12,600 empleadores formales desaparecieron, de los cuales el 99.6% eran pymes, las principales generadoras de empleo en el país.30 Esta mortandad empresarial se tradujo en la pérdida de más de 242,800 puestos de trabajo registrados en el mismo período.31 Los sectores más golpeados fueron la construcción, paralizada por el fin de la obra pública, y la industria, asfixiada por la caída de la demanda interna y la competencia de las importaciones abaratadas por el atraso cambiario.32 Como resultado, la tasa de desempleo escaló hasta el 7.9% en el primer trimestre de 2025 11, y según encuestas de opinión, la desocupación ha superado a la inflación como la principal preocupación de los argentinos, un cambio sísmico en la percepción pública.9

El modelo económico no solo está creando pobreza, sino que está activamente desmantelando las bases de una futura recuperación. Al destruir el mercado interno, se asegura de que, incluso si la macroeconomía se estabiliza, no habrá consumidores para impulsar la actividad en los sectores que generan la mayor parte del empleo. Esto no es un error de cálculo; es una consecuencia lógica de un modelo que apuesta todo a la reprimarización de la economía, favoreciendo a sectores extractivos (minería, energía, agro) que emplean a una fracción de la fuerza laboral y son funcionales a un esquema de enclave, con escasos derrames sobre el resto del tejido productivo.4

La siguiente tabla resume la magnitud del desastre socio-laboral, evidenciando la cascada destructiva que va desde la pérdida de ingresos hasta el desempleo masivo.

Tabla 2: Indicadores Socio-Laborales Clave en el Primer Año de Milei

Parte III: Gobernar por Coerción: El Giro Autoritario

El modelo económico de Javier Milei, que impone un sacrificio de tal magnitud sobre la población, no podría sostenerse en un vacío político. Su implementación requiere de un correlato en el ámbito de la gobernanza: un giro hacia prácticas autoritarias y la construcción de un andamiaje discursivo y represivo diseñado para sofocar la disidencia. La política de seguridad y la “batalla cultural” del gobierno no son elementos periféricos o anecdóticos de su gestión; son componentes funcionales y esenciales, sin los cuales el ajuste económico sería políticamente insostenible.

La Calle como Espacio en Disputa: La Persistencia de la Protesta

Desde sus primeros días, el gobierno ha intentado instalar la narrativa de que, bajo su mandato, “se terminó el curro de los piquetes” y que el orden ha vuelto a las calles. Sin embargo, los datos objetivos demuestran que esta afirmación es falsa. El Observatorio de la Conflictividad Social de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) ha registrado una persistencia notable de la protesta social durante el primer año de gobierno. Aunque la modalidad de la protesta ha podido variar, su frecuencia se ha mantenido constante, con un promedio de 0.9 acciones públicas por día.33

El perfil de esta conflictividad es revelador. Una abrumadora mayoría de las protestas (82%) se dirige contra el poder ejecutivo nacional, y su naturaleza es fundamentalmente reactiva: son una respuesta directa a las políticas de ajuste, como los recortes presupuestarios, la desregulación de la economía y los despidos masivos en el sector público.33 Los actores protagónicos de esta resistencia son los trabajadores y las organizaciones sociales, precisamente los grupos más damnificados por el modelo económico.33 Este hecho establece un vínculo causal ineludible: la conflictividad social no es un fenómeno autónomo o instigado por una minoría, sino la consecuencia directa y predecible de un programa económico que genera un profundo malestar social. La calle no se ha pacificado; se ha convertido en el principal escenario de disputa contra el proyecto gubernamental.

El “Protocolo Antipiquetes”: La Criminalización del Disenso

La conciencia de que su plan económico generaría una reacción social masiva llevó al gobierno a actuar de manera preventiva. Una de las primeras y más significativas medidas de la gestión de Milei no fue económica, sino de seguridad: la implementación, a través del Ministerio de Seguridad encabezado por Patricia Bullrich, de un “Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público”. Este protocolo, conocido popularmente como “protocolo antipiquetes”, redefine de facto la protesta social: cualquier manifestación que implique un corte de la vía pública deja de ser considerada el ejercicio de un derecho constitucional para ser tratada como un delito flagrante.34

Organizaciones de derechos humanos de prestigio internacional como Amnistía Internacional y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) han denunciado enérgicamente que este protocolo es inconstitucional y que viola tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Argentina, que garantizan el derecho a la protesta.36 La aplicación de esta doctrina represiva no se ha hecho esperar. Informes de estas mismas organizaciones han documentado un patrón sistemático de uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, y un número alarmante de manifestantes y trabajadores de prensa heridos con balas de goma y gases lacrimógenos. Amnistía Internacional relevó 1,155 personas heridas en tan solo 15 protestas durante 2024.38

Más allá de la violencia física, el CELS describe una estrategia deliberada de “criminalización de la política”.34 Esta táctica consiste en perseguir judicialmente a los participantes y líderes de las protestas, imputándoles delitos graves y de carácter federal como “terrorismo”, “sedición” o “atentado contra el orden democrático”.34 El objetivo de estas acusaciones desproporcionadas no es tanto obtener una condena —muchas de las cuales son luego desestimadas por la justicia— como generar un efecto de intimidación y disciplinamiento sobre el conjunto de la sociedad. Al elevar el costo personal de la participación en una protesta al nivel de un posible procesamiento penal por delitos gravísimos, se busca disuadir la movilización y atomizar la resistencia. Como señalan diversos analistas, esta política represiva no es un capricho autoritario, sino una “necesidad estructural” de un proyecto que, por el daño social que inflige, solo puede imponerse a través de la coerción y el miedo.35

La “Batalla Cultural”: Construyendo una Nueva Hegemonía

El tercer pilar de la gobernanza de Milei es su explícita y constante “batalla cultural”.1 Este no es un mero eslogan, sino un proyecto ideológico de gran envergadura que busca reconfigurar el “sentido común” de la sociedad argentina. Para entender su funcionamiento, es útil recurrir a los análisis de la politóloga María Esperanza Casullo sobre el populismo de derecha.42 Según Casullo, este tipo de liderazgo se basa en la construcción de un “mito populista”: una narrativa simple y poderosa en la que un “pueblo” virtuoso y trabajador ha sido traicionado y dañado por un enemigo claramente identificado. Para que este mito funcione, el líder debe mantener un estado de antagonismo permanente, que cohesiona a sus seguidores en torno a la lucha contra ese enemigo.42

En el caso de Milei, este enemigo es multifacético: es la “casta política ladrona”, pero también son los “zurdos de mierda”, el feminismo, el ambientalismo, la educación y la salud públicas, la ciencia, los sindicatos y las organizaciones de derechos humanos.7 Todos estos actores y valores son englobados bajo el paraguas del “socialismo” o el “colectivismo”, presentados como la causa de los “100 años de decadencia” de Argentina.45 La “batalla cultural” consiste en una ofensiva discursiva incesante para desacreditar a estos enemigos y las ideas que representan, asociándolos a la corrupción, la ineficiencia y la decadencia moral.35

El objetivo final de esta batalla es realizar un “reseteo discursivo” de la sociedad argentina, en términos del filósofo Antonio Gramsci, es construir una nueva hegemonía. Se trata de desmantelar el consenso social construido en Argentina desde el retorno de la democracia en 1983, un consenso que, con sus matices, valoraba la justicia social, los derechos humanos y un rol activo del Estado en la mitigación de las desigualdades. Milei busca reemplazar este paradigma por un nuevo sentido común basado en el individualismo radical de mercado, la meritocracia y una visión nostálgica de una Argentina mítica de fines del siglo XIX, anterior al surgimiento del peronismo y del estado de bienestar.45 En este nuevo orden hegemónico, la solidaridad es vista como una debilidad, los derechos sociales como privilegios injustos y el mercado como el único árbitro moral y eficiente de la vida social. La represión de la protesta, en este marco, se convierte en el brazo coercitivo de la batalla cultural: su función es eliminar físicamente del espacio público cualquier expresión que desafíe este nuevo sentido común, asegurando que la única visión del mundo que pueda circular libremente sea la del poder.

Parte IV: El Laberinto de la Oposición: Una Resistencia Fracturada

La velocidad y la radicalidad con que el gobierno de Milei ha logrado avanzar en su agenda no pueden explicarse únicamente por su propia convicción y audacia. Han sido posibles, en gran medida, gracias a una condición permisiva clave: la existencia de una oposición fragmentada, delegitimada y estratégicamente errática. La incapacidad de las fuerzas opositoras para articular una respuesta unificada y una contra-narrativa convincente ha dejado un vacío político que el oficialismo ha sabido explotar con gran habilidad.

El Peronismo en el Desierto: Un Movimiento en Busca de Liderazgo

La derrota electoral de 2023 sumió al peronismo, la fuerza política históricamente dominante en Argentina, en una de sus crisis más profundas. El movimiento se encuentra hoy fragmentado, sin un liderazgo unificado y carente de un discurso coherente para hacer frente a la ofensiva de Milei.49 La crisis es tanto de liderazgo como de ideas. Tras una gestión de gobierno plagada de dificultades económicas y disputas internas, el peronismo perdió gran parte de su credibilidad y de su conexión con las bases populares que tradicionalmente lo sostenían.50

En este desierto político, surgen intentos de reorganización. Figuras como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, intentan posicionarse como el nuevo centro de gravedad del espacio, convocando a la formación de un frente amplio para enfrentar a La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de 2025.51 Sin embargo, el movimiento sigue tensionado por las luchas intestinas entre sus diversas facciones: el kirchnerismo, liderado desde el silencio por Cristina Fernández de Kirchner; los gobernadores con agendas propias y más moderadas; y los restos del frente que llevó a Sergio Massa como candidato.49

Más allá de la disputa por el poder, el principal déficit del peronismo es narrativo. Ha sido incapaz de construir un relato alternativo eficaz a la “batalla cultural” de Milei. Sus propios fracasos de gobierno y los escándalos de corrupción lo convirtieron en el blanco perfecto para la narrativa de la “casta”. Hasta ahora, no ha logrado articular una visión de futuro que resulte atractiva y creíble para una sociedad profundamente desilusionada con toda la clase política.50 La bandera de la “justicia social”, históricamente suya, hoy suena hueca para muchos sectores que se sintieron abandonados durante su última gestión.49

El Doble Juego de la CGT: Diálogo y Disenso

La Confederación General del Trabajo (CGT), la principal central sindical del país y tradicional “columna vertebral” del peronismo, ha adoptado una estrategia ambigua y dual frente al gobierno. Por un lado, mantiene canales de diálogo y negociación, participando en instancias como el “Consejo de Mayo” convocado por el gobierno para discutir reformas, incluida la laboral.53 Por otro lado, y presionada por el creciente malestar de sus bases, convoca a paros generales y movilizaciones de protesta, como la marcha prevista para el Día de San Cayetano, patrono del trabajo.54

Este doble juego puede interpretarse no como una estrategia de confrontación total, sino de contención y negociación. La cúpula sindical, a menudo calificada de “burocracia” por los sectores más combativos, parece utilizar la amenaza de la movilización como una herramienta para ganar poder de negociación en las mesas de diálogo y, al mismo tiempo, para canalizar y controlar la bronca de los trabajadores, evitando un desborde que ponga en jaque su propio poder.52 Esta postura ha generado fuertes tensiones con sindicatos y corrientes internas que exigen un plan de lucha más decidido y un quiebre total con el gobierno.57 La estrategia de la CGT, por tanto, parece más orientada a administrar el conflicto y preservar su rol institucional que a liderar una resistencia frontal para derrotar el modelo económico en su totalidad.

La Resistencia desde Abajo: Los Movimientos Sociales

En marcado contraste con la oposición institucional, la resistencia más consecuente y combativa ha provenido de los movimientos sociales y las organizaciones de base, particularmente aquellas agrupadas en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP). Su oposición es intransigente porque nace del impacto directo y brutal de las políticas de ajuste en sus comunidades, como el corte del suministro de alimentos a los comedores populares que asisten a millones de personas.58

Una de las estrategias más novedosas e inteligentes de estos movimientos ha sido la de internacionalizar el conflicto. Conscientes de la dificultad de encontrar eco en un sistema político y mediático nacional a menudo hostil, han decidido llevar sus reclamos fuera de las fronteras. La UTEP, con el patrocinio legal del CELS, ha presentado una denuncia formal contra el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acusando al gobierno de Milei de violar el derecho humano a la alimentación.60 Esta acción busca no solo una condena simbólica, sino también elevar el conflicto por encima de la disputa partidaria local y enmarcarlo en el lenguaje universal de los derechos humanos, un terreno en el que el gobierno se siente mucho menos cómodo.

Además, estos movimientos están siendo el catalizador para la formación de nuevas alianzas. Están construyendo “frentes multisectoriales” que logran unir a organizaciones sociales, sindicatos combativos que desconfían de la cúpula de la CGT, organismos de derechos humanos y asambleas barriales.61 Estos nuevos espacios están creando un polo de resistencia que opera por fuera de las estructuras tradicionales de los partidos y los sindicatos, y que podría representar el germen de un nuevo eje de oposición, más dinámico y con una conexión más directa con las víctimas del ajuste.

Conclusión: Sostenibilidad Bajo Asedio

Al cabo de su primer año, el modelo de Javier Milei en Argentina se revela como una construcción plagada de contradicciones insalvables. La narrativa oficial de éxito choca contra una realidad inocultable, sintetizando una paradoja fundamental: los indicadores macroeconómicos que celebran los mercados financieros internacionales son el producto directo de una catástrofe social que es políticamente explosiva y económicamente autodestructiva. El superávit fiscal se nutre de las jubilaciones licuadas y de la obra pública paralizada; la desaceleración de la inflación es el reflejo de un mercado de consumo en estado de coma; la estabilidad del tipo de cambio se sostiene sobre una burbuja especulativa que puede estallar en cualquier momento. Esta no es la base para un crecimiento sostenible; es la crónica de un colapso anunciado.

La apuesta a largo plazo del gobierno se concentra en una única y arriesgada carta: la esperanza de que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) desate una lluvia de capital extranjero en sectores extractivos como la minería y la energía.4 Es la ilusión de que la inversión externa puede reemplazar al mercado interno que el propio modelo ha aniquilado. Sin embargo, esta estrategia, lejos de ser una solución, profundiza los problemas estructurales de Argentina. Acentúa la dependencia de los ciclos de precios de las materias primas, un mal endémico de la economía nacional. Ofrece escasos beneficios en términos de empleo de calidad y desarrollo de cadenas de valor locales, consolidando un modelo de enclave productivo.4 Y, lo que es más grave, implica una cesión sin precedentes de soberanía jurídica, al permitir que las disputas entre el Estado y las corporaciones se diriman en tribunales internacionales, fuera de la jurisdicción argentina.4 Es una apuesta por un futuro de crecimiento sin desarrollo, de riqueza sin distribución.

Las contradicciones internas del modelo se acercan a un punto crítico. El atraso cambiario no puede mantenerse indefinidamente sin provocar una crisis en la balanza de pagos. La devastación social no puede contenerse para siempre mediante la represión y la guerra cultural, especialmente en un país con la memoria y la capacidad de movilización social de Argentina. La pregunta crucial que se cierne sobre el futuro del país no es si el modelo enfrentará un punto de quiebre, sino cuándo y de qué forma. ¿Será un colapso financiero precipitado por una corrida cambiaria? ¿Una derrota contundente en las urnas que le quite al gobierno su legitimidad de origen? ¿O una explosión social que desborde los diques de contención represivos?

El experimento argentino bajo el liderazgo de Javier Milei, si bien constituye un caso de estudio fascinante para la academia global interesada en el auge de la nueva derecha radical, no es un modelo de éxito replicable. Es una hoja de ruta hacia una profunda regresión social y una política económica de alto riesgo que coquetea permanentemente con el abismo. Lejos de romper con los ciclos de auge y crisis que han marcado la historia argentina, este proyecto parece destinado a profundizarlos, acelerando la llegada de un nuevo y doloroso desenlace. Para Argentina, y para un mundo que observa con una mezcla de fascinación y espanto, la lección es tan antigua como contundente: ninguna sociedad puede construirse de manera sostenible sobre las ruinas de su propio contrato social.