En Argentina, las elecciones de medio término se transformaron en un plebiscito sobre el modelo económico de Javier Milei. Un plan de ajuste que convive con fragilidades, escándalos de corrupción y una dependencia internacional inesperada. Analizamos las claves para entender si el gobierno llegará a octubre con un modelo consolidado o solo posponiendo la factura.
La economía no vota, pero los votantes sí responden a sus efectos. En la Argentina de Javier Milei, las próximas elecciones de medio término se han transformado en algo más que una competencia legislativa: funcionan como un plebiscito sobre un modelo económico que prometía liberalización rápida y orden fiscal, y que hoy convive con restricciones, escándalos y una dependencia internacional inesperada.
Un andamiaje económico bajo tensión
El plan de estabilización —con su crawling peg, tasas elevadas y ajustes fiscales drásticos— logró en los últimos meses reducir algunos desequilibrios centrales. Sin embargo, ese anclaje llega con un coste visible: la caída del poder adquisitivo, la compresión del crédito productivo y la sensación general de que la política económica está administrando fragilidades más que resolviéndolas de raíz. La decisión técnica de ralentizar el crawling peg y jugar con la tasa se explica en ese marco: comprar tiempo para evitar saltos bruscos del tipo de cambio, sin solucionar la causa estructural del problema.
A su vez, esa compra de tiempo quedó parcialmente socavada por la reimposición de controles cambiarios tácticos —medidas que hablan de una gestión en “modo contención” para proteger reservas en la antesala electoral— y que, paradójicamente, erosionan la narrativa de liberalización que el Gobierno proclamó como bandera. Es decir: libertades prometidas en el discurso, control pragmático en la práctica.
Escándalos, audios y la erosión de la legitimidad
La política económica no opera en un vacío moral. Las noticias sobre denuncias de corrupción, la difusión de audios que ponen en cuestión decisiones privadas de actores públicos y, especialmente, las imputaciones por vinculaciones con el narcotráfico de candidatos asociados al espacio oficial han profundizado la crisis política que acompaña a la crisis económica. Estos hechos no son anecdóticos: minan la confianza imprescindible para sostener arreglos que requieren paciencia social y previsibilidad institucional. La disputa ya no es solo técnica; es también ética y simbólica.
La lógica es sencilla: cuando la sociedad percibe que el poder público está permeado por prácticas opacas —sea por corrupción, por audios comprometedoras, o por vínculos con el crimen organizado—, la tolerancia al ajuste económico se reduce. Los costos sociales se vuelven políticamente más caros, y la fragilidad de las instituciones (incluido el propio BCRA) se hace más evidente.
La carta inesperada: apoyo estadounidense y dependencia provisional
En este tablero turbulento apareció una variable que hasta hace poco parecía remota: el ofrecimiento de apoyo financiero desde Estados Unidos, bajo la forma de un swap o la compra de deuda en el mercado secundario. Ese respaldo, explícito o implícito, puede funcionar como un oxígeno para las reservas y como un paraguas político hasta octubre. Pero tiene costos políticos y estratégicos: ata la solución parcial a dependencias externas y alimenta narrativas internas sobre “rescates” que pueden herir la cohesión del proyecto político que prometía autosuficiencia.
¿Cómo llegar a octubre sin que todo se quiebre?
Llegar a octubre sin un choque mayor requiere —en términos prácticos— tres cosas que el Gobierno ha mostrado capacidad parcial para articular, pero no para consolidar:
- Caja y reservas creíbles. Una corrección discreta del tipo de cambio o un esquema de apoyo internacional calmado (no espectaculares) ayudaría a evitar saltos bruscos. Pero la sustentabilidad exige además reformas estructurales que atraigan inversión real, no solo flujos oportunistas.
- Narrativa creíble y gestión de crisis. Las declaraciones públicas deben reducir la volatilidad política, y la gestión de escándalos —audios, denuncias o vínculos— debe ser transparente y eficaz. La impunidad política erosiona el único capital que le queda al esquema: la confianza.
- Amortiguar el costo social. Si el ajuste continúa sin mecanismos de protección suficientes, el precio político será alto. Programas de transferencia focalizados, diálogo con actores productivos y señales de reactivación del crédito productivo son imprescindibles para que la estabilización no se traduzca en una derrota electoral por desgaste social.
Plebiscito de gestión
En la práctica, las elecciones de medio término serán una foto de la combinación entre gestión macro y legitimidad política. El Gobierno tiene herramientas para evitar un colapso inmediato —medidas monetarias, intervención en mercados, apoyo externo—, pero ninguna promete resolución mágica. La verdadera prueba será si ese conjunto de parches se traduce en una ruta creíble hacia la recuperación o si, por el contrario, solo posterga la factura: una corrección más dura y una fractura política más profunda después de octubre.
En la política dura del realismo, la economía y la ética van de la mano: sin institucionalidad creíble y sin reparación de los daños sociales, cualquier plan económico —por audaz que sea— estará condenado a una eterna campaña para justificar lo que, en el mediano plazo, debe justificar la evidencia del crecimiento y la justicia social. Y eso no se gana solo con slogans; se gana con resultados que la gente perciba en su bolsillo y con instituciones que inspiren confianza.
- ¿Qué balance personal puede hacer cada ciudadano frente al modelo económico actual: orden y estabilidad, o ajuste y desgaste social?
- ¿Qué expectativas tiene la sociedad para 2025: un año de recuperación con bases más firmes, o el preludio de un nuevo ciclo de inestabilidad?
- ¿El gobierno logrará transformar las elecciones en una ratificación de su rumbo, o será castigado en las urnas por los costos del ajuste y los escándalos?
- ¿El “rescate” externo y la contención cambiaria serán suficientes para sostener el puente hasta octubre, o solo posponen tensiones que explotarán después?
- Y, en última instancia, ¿qué pasará en las elecciones? ¿Confirmación del experimento libertario o inicio de una reconfiguración política más profunda?